Siguen recorriendo el país padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

Lunes 26 de febrero. 41 meses de la desaparición de 43 estudiantes en un sexenio que está por concluir sin conclusiones respecto a un hecho que al parecer no será resuelto en el corto plazo.

El estado de siempre ha sido un territorio complejo, en donde la sangre y la rebeldía tienen fertilidad pero también el crimen organizado y sus formas de imponer rostro y cultura, modos de hacer.

Parte de esos ingredientes dieron como resultado los hechos de la noche del 23 de septiembre del calendario 2014.

Jóvenes alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” ubicada en la localidad de Ayotzinapa, luego de haber retenido unidades de transporte foráneo, se aprestaban a dirigirse a la Ciudad de para ser parte de la tradicional marcha del dos octubre.

La retención de unidades de transporte, la combatividad ideológica y la movilización en recuerdo de los estudiantes y ciudadanos asesinados en 1968, forman parte de lo que podría llamarse usos y costumbres del normalismo y de la vida política y social del país.

Así aquella vez también en el ánimo de quienes provenían de un centro de estudios de donde surgieron figuras como la de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, maestros que decidieron hacer a un lado el pizarrón y tomar las armas en pos de luchar en contra de una situación opresiva para los más desfavorecidos.

Años setenta, tiempos de lo que luego sería llamado como guerra sucia, ya que el gobierno de México determinó apagar los incendios de la inconformidad armada con tácticas que incluían la desaparición y la tortura: el terror.

Genaro Vázquez y Lucio Cabañas no eran los únicos pero sí los más visibles guerrilleros de aquellos años y fueron asesinados de formas no aclaradas desde la oficialidad o con versiones que no convencen a muchos de quienes han analizado dichos acontecimientos.

41 años después una vez más Ayotzinapa es nota nacional por hechos violentos relacionados con normalistas y las fuerzas armadas del gobierno municipal, estatal y federal con el narcotráfico como relativamente nuevo personaje involucrado.

43 jóvenes se disponían a ir a la para ser parte de la movilización del dos de octubre cuyo lema principal es “no se olvida” y encontraron algo que los desapareció en una noche que se resiste a ser olvidada.

Poco a poco fueron saliendo elementos de lo que presuntamente sucedió y el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprestó a declarar la “verdad histórica”: los jóvenes habían sido secuestrados por un grupo de la delincuencia organizada y quemados en un basurero cercano a Iguala, el sitio por donde transitaban.

Con parecida rapidez, los padres y familiares mostraron su reticencia y desde entonces emprendieron por un lado una búsqueda de sus hijos y por el otro una investigación alterna, apoyados por instancias internacionales.

Luego de meses en tales trabajos se fueron planteando varias líneas de investigación que apuntan de uno u otro modo a una red de acciones y complicidades entre los actores ya referidos.

Hasta el momento el gobierno de la república no ha tomado en cuenta lo recabado aunque hace dos años Peña Nieto afirmó que resolvería el caso que ha tenido resonancias internacionales, luego de lo cual volvió al silencio y la no resolución.

A lo largo y ancho del país, organizaciones sindicales y sociales han unido voz y reclamo con quienes no han dejado de caminar los senderos de la búsqueda de justicia con el reclamo implícito de drama y tragedia: vivos se los llevaron, vivos los queremos.